Imputados por caso de centro de rehabilitación podrán ser sobreseídos

29 jun 2018 29 de junio de 2018 a las 19:22

Los miembros de la comisión directiva y tesorería del Centro de Rehabilitaciones, en Capiatá, “Transformando vidas” podrán ser sobreseídos ya que el agente fiscal, Blas Imas, no presentó una denuncia formal.

Imputados por caso de centro de rehabilitación podrán ser sobreseídos — Surgieron más denuncias. Foto Captura: SNT.

En una investigación presentada por el programa Expedientes y realizada por Rolando Rodi y el SNT, se destapó una serie de irregularidades, incluso nuevas denuncias sobre muertes y presuntos abusos sexuales, dentro del Centro de Rehabilitación “Transformando vidas”, ubicado en Capiatá, pero la inacción fiscal apunta a que serán sobreseídos los presuntos responsables.

Uno de los relatos pertenece a un joven, de 18 años, que ingresó al centro de rehabilitación, enviado por su padre porque empezó a consumir drogas. Fue abusado sexualmente y dentro de la institución, seguía expuesto a las drogas.

Por otro lado, una mujer que trabajaba varios años en el lugar, vio como mujeres embarazadas fueron despedidas sin acceder a una liquidación justa. Además de eso fue testigo de cómo las personas morían en el lugar y la precariedad con la que debían lidiar los funcionarios.

Cada testimonio apunta a que las torturas eran ordenadas directamente por la directora Natalia Barrios.

Por su parte el fiscal Blas Imas, presentó imputación contra cinco personas. Sin embargo, formuló, en la causa, dos requerimientos conclusivos, en uno de ellos pidió el sobreseimiento definitivo de cuatro personas imputadas y en otro, solicitó la suspensión condicional del procedimiento a favor de una de las personas imputadas.

Dichos requerimientos serán analizados en audiencia preliminar, de ser aceptados, los imputados: Guillermo Aranda, Paula Barrios, Cristian Barrios y Leticia Lezcano Barrios, miembros del Consejo Administrativo y la Tesorería podrían ser sobreseídos.

Mientras que Natalia Barrios, la directora podría ser beneficiada con medidas alternativas a la prisión, y como no existe una denuncia formal de la fiscalía, el caso no podrá ser elevado a un juicio oral y público.