Camarista solicita juicio político a Sandra Quiñónez

En la nota el magistrado menciona el artículo 225 de la Constitución Nacional que contempla la posibilidad de un juicio político para la máxima autoridad del Ministerio Público en caso de supuesto mal desempeño de sus funciones.

Según Martínez Prieto existió una clara intromisión de un Poder del Estado en las funciones de otro. A su criterio constituye un atentado contra la independencia del Poder Judicial, uno de los principios fundamentales del ordenamiento jurídico en el país.

El juez recordó  la denuncia de Quiñónez contra su persona, luego de la absolución de los acusados por el mortal enfrentamiento entre policías y militares ocurrido en junio de 2012 en Curuguaty, departamento de Canindeyú.

El camarista manifestó que la máxima autoridad del Ministerio Público se extralimitó en sus funciones y ejerció de manera abusiva sus atribuciones, incluso yendo en contra tanto de la Carta Magna como de la ley orgánica que rige la función del Ministerio Público.

Remarcó además que Quiñónez carece de facultades para ejercer un derecho acusatorio ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, con la acusación que efectuó la misma en su contra, pretende “menoscabar la pureza de una decisión”, en relación al caso.

El caso

Sandra Quiñónez acusó a Martínez Prieto y a Emiliano Rolón por mal desempeño de sus funciones, en base al articulo 256 de la Constitución Nacional, como también violaciones al código penal, en atención a que los magistrados, del voto mayoritario, se derogaron atribuciones que escapan a su competencia.

La denuncia motivó el enjuiciamiento de los dos magistrados en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y el proceso terminará en seis meses, aproximadamente.

La Fiscalía deberá determinar la responsabilidad de los mencionados y los miembros del JEM tendrán que resolver si absolverlos o sentenciarlos, de acuerdo a reportes de ABC Color.