Aumenta riesgo de lavado de dinero en sector inmobiliario

El riesgo de lavado de dinero en bienes inmobiliarios ha disparado las alertas en Paraguay. Según la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), la capital, Asunción, y Mariano Roque Alonso son las últimas localidades que se suman al mapa de riesgo, donde ya figuraban Amambay, Alto Paraná y Canindeyú.

El operativo Ultranza Py, dirigido a desmantelar el Clan Insfrán, reveló la gravedad de la situación en Mariano Roque Alonso y aumentó la percepción de riesgo en Curuguaty.

Unite a nuestro canal de WhatsApp

Se identificaron 297 propiedades construidas con fondos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas. En particular, las ciudades fronterizas con Brasil se han convertido en focos de lavado de dinero en el sector inmobiliario.

En Amambay, se encontraron 58 propiedades vinculadas al narcotráfico, incluyendo inmuebles relacionados con Jarvis Chimenes Pavão. En Alto Paraná, la cifra alcanza las 60 propiedades, con la Hacienda Nápoles de Reinaldo Cucho Cabaña como caso emblemático.

Canindeyú tampoco escapa a esta problemática, con 37 propiedades identificadas, entre las que se encuentra la iglesia Centro de Avivamiento de Curuguaty, propiedad del presunto narco pastor José Insfrán. Todas estas propiedades están bajo supervisión de Senabico.

Gonzalo García de Zúñiga, director jurídico de Senabico, explicó que este mapa se elaboró en el marco de la evaluación nacional de riesgos de Gafilat, buscando establecer medidas preventivas contra el lavado de dinero en el sector inmobiliario.

Resaltó la importancia de visibilizar este riesgo, especialmente en las zonas fronterizas con Brasil, donde se aprecia un fuerte impacto.

En Asunción, se localizaron cerca de 20 propiedades, una de ellas en el barrio Panambi Retã, perteneciente a un testaferro del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão.

A través del operativo A Ultranza, 58 propiedades ya están bajo administración de Senabico. García subrayó la complejidad del trabajo, señalando que en algunos casos no se disponen de todos los datos y, en otros, la Fiscalía sigue investigando.

Fuente: El Nacional