Informe de Contraloría revela graves falencias en negocio de combustibles

Un alarmante informe técnico elaborado por la Contraloría General de la República (CGR) ha sacado a la luz graves deficiencias en el negocio de los combustibles en Paraguay. El documento, que fue entregado al presidente Santiago Peña y remitido a diversas instituciones, expone una serie de problemas que van desde la contaminación ambiental hasta la falta de medidas de seguridad para los trabajadores de las estaciones de servicio.

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Según el informe, los combustibles importados y utilizados en el país contienen componentes potencialmente nocivos, como el MTBE (éter metilterbutílico) y el benceno, que pueden contaminar los cursos hídricos, el agua subterránea, el suelo y el aire.

Estas sustancias se liberan al ambiente debido a derrames durante el despacho, fugas de tanques subterráneos y la volatilización de gases al momento de la distribución.

La CGR advierte que esta contaminación afecta no solo al medio ambiente, sino también a la salud de las personas que trabajan en las estaciones de servicio, gasolineras y otros establecimientos relacionados, así como a la población en general que frecuenta lugares de gran afluencia, como centros educativos, hospitales, centros comerciales, templos y edificios de oficinas.

Otro aspecto preocupante destacado en el informe es la falta de equipamiento adecuado en la mayoría de las estaciones de servicio y gasolineras para evitar la volatilización de gases durante el despacho y almacenamiento de combustibles.

Asimismo, se señala la ausencia de disposiciones legales que obliguen al uso de equipos de protección para el personal que opera en estos establecimientos, exponiendo su salud a graves riesgos.

La Contraloría también pone en evidencia la falta de sistemas de protección contra incendios que utilicen espuma mecánica como agente extintor, lo que incrementa el peligro en caso de siniestros.

El informe revela que la Municipalidad de Villa Elisa multó a 17 estaciones de servicio entre 2021 y 2023 por incumplir la ordenanza de prevención de incendios, calificando su funcionamiento como de alto riesgo debido a las potenciales consecuencias trágicas que podrían derivarse.

Por su parte, la Municipalidad de Asunción se ve imposibilitada de exigir el cumplimiento de la Ordenanza Nº 7/2011 debido a medidas cautelares presentadas por las estaciones de servicio, lo que deja a la ciudad sin una normativa que regule adecuadamente esta actividad.

La CGR dirige una fuerte crítica a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por otorgar medidas cautelares que suspenden los efectos de disposiciones legales destinadas a reglamentar la instalación y operación de estaciones de servicio, gasolineras y puestos de consumo propio. Según el ente de control, estas decisiones se basan en cuestiones del derecho al trabajo sin considerar disposiciones legales ambientales e incluso la propia Constitución Nacional.

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El Ministerio del Ambiente también recibe un llamado de atención en el informe, ya que no cuenta con medidas establecidas para regular la construcción y operación de estos establecimientos, ni exige un plan de cierre de estaciones, algo considerado de suma importancia a la luz de lo ocurrido en Argentina en 2009.

El lapidario informe de la Contraloría ya se encuentra en manos del presidente Santiago Peña y ha sido remitido al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan), Petróleos Paraguayos (Petropar) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para que tomen las acciones pertinentes en el ámbito de sus competencias.

Este documento pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar las graves falencias en el manejo de combustibles, tanto desde el punto de vista ambiental como de la salud y seguridad de los trabajadores y la población en general. Es imperativo que las autoridades competentes actúen con celeridad y firmeza para remediar esta situación y evitar potenciales consecuencias catastróficas.

Fuente: ABC Color