Buscan endurecer leyes para frenar prescripción en casos de corrupción

En el marco de una iniciativa legislativa recientemente presentada, se busca modificar el Código Penal con el objetivo de evitar que los delitos de corrupción lleguen a prescribir, lo que representaría un cambio significativo en la lucha contra la impunidad en el sistema judicial.

La propuesta fue introducida por el diputado Daniel Centurión, quien argumenta que los delitos de corrupción deberían considerarse de la misma gravedad que otros crímenes graves como el homicidio, el abuso y el narcotráfico.

Según se informó, el proyecto será objeto de estudio durante la semana, contemplando una serie de medidas que buscan no solo endurecer las penas asociadas a los delitos de corrupción, tanto pública como privada, sino también ampliar el espectro de tipos penales y extender los plazos para la prescripción de la acción penal. Especial atención recibe la corrupción cometida por funcionarios públicos, sobre la cual se propone un aumento en los plazos de prescripción de la acción penal y un endurecimiento en los criterios para la medición de las penas.

La iniciativa legislativa incorpora al Código Penal como el marco regulatorio principal para el tratamiento de delitos cometidos por funcionarios públicos contra el Estado y la sociedad. Dentro de las modificaciones sugeridas, se incluyen delitos como el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias, con el propósito de desalentar la comisión de actos de corrupción y fortalecer la legalidad y el Estado de derecho.

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El diputado Centurión subrayó que el proyecto representa una señal institucional clara del Congreso de la República hacia la preservación del pacto social y la democracia. Citó el caso reciente de una causa prescrita relacionada con un desvío de fondos significativo, como ejemplo de la urgencia de reformar el sistema para prevenir que delitos de corrupción queden impunes debido a las limitaciones temporales establecidas actualmente para su procesamiento.

Además, el proyecto busca cerrar las brechas que permiten a los individuos implicados en corrupción evadir la justicia mediante tácticas dilatorias y la complicidad con el sistema judicial. Al extender el período antes de que un caso pueda prescribir, se aumenta la probabilidad de que los responsables sean eventualmente juzgados y condenados, independientemente de los intentos de manipulación judicial o la compra de impunidad.

Fuente: Última Hora.