Acreedores inician proceso de quiebra contra Vox

La empresa estatal de telefonía móvil Hola Paraguay S.A., conocida como Vox, enfrenta un proceso de quiebra solicitado por uno de sus acreedores. El abogado Manuel Radice, representante legal del demandante, informó que se ha iniciado un expediente en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del vigésimo turno.

El origen del litigio radica en una deuda de aproximadamente USD 100.000 por el arrendamiento de un terreno donde la compañía tenía instalada una antena. Según Radice, el contrato data del año 2015 y, durante todo ese período, Vox solo realizó un pago.

“La Ley de Quiebras faculta a los acreedores a solicitar la quiebra en casos de deudas impagas”, explicó el letrado. “Tras constatar la existencia de varias deudas reclamadas contra Hola Paraguay en el Poder Judicial, se dan las condiciones para pedir la quiebra de la empresa”, agregó.

Radice aseguró que se han agotado todas las vías para cobrar la deuda pendiente. “El negocio de la telefonía celular es próspero y multimillonario en todo el mundo, sin embargo, resulta paradójico que la compañía, bajo control del Estado paraguayo, se encuentre técnicamente en quiebra”, cuestionó.

El abogado detalló que “después de numerosas gestiones para recuperar la deuda que Hola Paraguay tiene con mi cliente, hemos decidido, además de iniciar el proceso judicial, solicitar la quiebra para evitar que otros acreedores, de los cuales hay muchos, cobren antes y que al final no se reparta de manera proporcional”.

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Esta solicitud de quiebra podría representar un duro golpe para la empresa estatal, exponiendo una situación financiera compleja y potenciales problemas de liquidez. Además, podría abrir la puerta a otras demandas similares por parte de acreedores impagos.

Autoridades de Vox aún no han emitido declaraciones oficiales sobre el caso. Sin embargo, se espera que la compañía presente una defensa sólida ante el juez Martín Palacios, a cargo del expediente, para evitar la declaración de quiebra.

Este caso podría tener implicaciones más amplias en el sector de las telecomunicaciones y generar cuestionamientos sobre la gestión financiera de las empresas estatales en el país.

Fuente: ABC Color