Obra vial PY01 vía APP: Peaje insuficiente para la inversión

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ha dado inicio al proceso de “diálogo competitivo” con los cinco consorcios precalificados para el mejoramiento y duplicación de la ruta PY01, desde Cuatro Mojones hasta Quiindy.

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La obra, que abarca 108 kilómetros, se ejecutará bajo la Ley N° 5.102/14 de Alianza Público Privada (APP), la cual establece que el sector privado debe conseguir la financiación y recuperar la inversión a través de peajes y aportes del Estado.

Durante el evento, la ministra del MOPC, Claudia Centurión, aseguró que el 70% del proyecto será sostenible con la recaudación del peaje, mientras que el 30% restante provendrá del aporte estatal. Sin embargo, esta afirmación ha generado dudas entre los expertos en infraestructura vial, quienes consideran poco probable que se cumpla dicho escenario.

Los antecedentes de la duplicación de la ruta PY02, el primer proyecto ejecutado bajo la modalidad APP, muestran que solo el 30% de la inversión se cubre con lo recaudado en los dos puestos de peajes, mientras que el 70% restante proviene de fondos estatales. En este caso, el Estado aporta más de US$ 90 millones al año al fideicomiso de la APP para garantizar la factibilidad del proyecto.

En el tramo de la ruta PY01 que será intervenido, solo existe el peaje de Itá, y según la ministra, no se crearán nuevos puestos. Esto hace que sea prácticamente imposible alcanzar el porcentaje mencionado, a menos que la tarifa que paguen los usuarios sea excesivamente elevada.

Al ser consultada sobre esta situación, la ministra Centurión argumentó que la ruta PY02 tiene más kilómetros y que son proyectos totalmente diferentes. Sin embargo, omitió mencionar que en la ruta PY02, en un tramo de 150 kilómetros, existen dos peajes, mientras que en la ruta PY01 solo hay un puesto. Ambos proyectos viales son similares, e incluso la ruta PY02 tiene más tránsito que la ruta PY01, pero aun así no se financia únicamente de los peajes.

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, también estuvo presente en el evento y expresó su esperanza de que el “cheque” que tenga que pagar su cartera “no sea tan alto”. Esta declaración refleja la preocupación por el impacto que tendrá el proyecto en las arcas del Estado.

A través del “diálogo competitivo”, las empresas precalificadas tienen la oportunidad de realizar consultas y recomendar mejoras, adiciones o ajustes al pliego de bases y condiciones (PBC) o a la proforma del contrato. Entre los consorcios precalificados se encuentran empresas nacionales e internacionales, provenientes de países como Brasil y España.

Fuente: ABC Color