Fiscalía solicita desestimar denuncia contra Basilio “Bachi” Núñez por enriquecimiento ilícito
La Fiscalía, a través del fiscal Irán Suárez, ha solicitado al juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia la desestimación de la denuncia presentada en 2018 por pobladores de Villa Hayes contra el actual presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, por presunto enriquecimiento ilícito. La causa, que ha permanecido estancada durante años, involucra también a los hermanos de Núñez, uno de los cuales se encuentra condenado y en prisión por corrupción.
La denuncia, presentada en septiembre de 2018, señalaba un sospechoso crecimiento patrimonial de Bachi Núñez y sus hermanos Ricardo y Óscar “Ñoño” entre 2007 y 2017. Según datos de las declaraciones juradas, el patrimonio de Bachi Núñez creció un 256% entre 2013 y 2018. A pesar de la gravedad de las acusaciones, la investigación ha pasado por manos de varios fiscales sin avances significativos hasta la reciente solicitud de desestimación.
Mientras tanto, Óscar Venancio “Ñoño” Núñez, hermano de Bachi, cumple una condena de 11 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y otros delitos que causaron un perjuicio de G. 42.500 millones a la Gobernación de Presidente Hayes. Este hecho pone en evidencia la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente sobre las actividades y el patrimonio de la familia Núñez.
Leé también: Basilio Núñez respalda a “Nenecho” pese a informe de ContraloríaLa trayectoria política de Bachi Núñez ha estado marcada por diversas controversias, como la apropiación de un predio municipal durante su gestión como intendente de Villa Hayes, el acceso a millonarios préstamos en la Cooperativa San Cristóbal junto a su parentela, y el impulso a la expropiación de tierras a favor de “invasores VIP” mientras era parlamentario.
Unite a nuestro canal de WhatsAppAdemás, pese a su discurso de austeridad y reducción de funcionarios públicos, Bachi Núñez ha sido señalado por mantener a familiares y operadores en diversas instituciones estatales, generando un costo anual de G. 1.604 millones al erario público. Estos antecedentes plantean interrogantes sobre su integridad y compromiso con la lucha contra la corrupción.
Fuente: ABC Color
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