ANDE solicita aumento de USD 250 millones ante posibles cortes

Félix Sosa, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), presentó el jueves un ambicioso plan de incremento presupuestario para el 2025. El presupuesto propuesto asciende a más de G. 14 billones (USD 1.972 millones), lo que representa un aumento del 14% respecto al año en curso. Sosa explicó que el 80% de la financiación provendría de ingresos propios de la ANDE, mientras que el restante 20% se dividiría entre préstamos de organismos multilaterales y contribuciones de Itaipú Binacional.

El aumento significativo en la partida presupuestaria se atribuye principalmente a la adquisición de energía, cuyo costo se estima en USD 827 millones, un 41% más que el periodo anterior. Este incremento se debe a la necesidad de asegurar la provisión energética para consumidores de alto voltaje, incluidas las operaciones de criptominería.

En el ámbito de las inversiones, la ANDE planea desembolsar aproximadamente USD 498 millones en diversos proyectos. Destaca la construcción de una línea de transmisión de 220 kV que conectará varias subestaciones clave, abordando así el aumento de demanda en la región del Chaco. Además, se prevé la modernización de la Central Hidroeléctrica de Acaray con un presupuesto de USD 145 millones.

Sin embargo, pese a estas inversiones, Sosa advirtió que las medidas actuales son insuficientes para evitar cortes de energía durante el próximo verano, especialmente en Asunción y su área metropolitana, donde se concentra el 60% de la demanda nacional.

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La situación se complica con el mantenimiento de criptominerías ilegales, que, según Sosa, continúan impactando significativamente en el consumo energético del país. Estas operaciones clandestinas contribuyen a aproximadamente un tercio de las pérdidas totales de la ANDE, que alcanzan el 30% de su producción.

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Recientemente, el senador Enrique Salyn Buzarquis acusó a altos funcionarios de la ANDE de aceptar sobornos para ignorar la instalación de cripto minas ilegales, una acusación que ha sido firmemente negada por las autoridades, quienes aseguran estar trabajando estrechamente con la fiscalía para abordar este problema.

Además, el aumento de la tarifa a la criptominería legal ha generado descontento en el sector, que advierte sobre posibles retrocesos en las inversiones. A esto se suma la grave sequía y el aumento de temperaturas, que amenazan con reducir aún más la capacidad hidroeléctrica del país y, por ende, los ingresos gubernamentales destinados a programas sociales como Hambre Cero.

Fuente: La Política Online