La mansión de Peña: Dudas sobre compra de terreno en San Bernardino

Una investigación revela irregularidades significativas en la adquisición del terreno donde el presidente Santiago Peña construyó su mansión de verano en San Bernardino. El inmueble de 14 hectáreas, ubicado en la compañía Ciervo Cuá, fue adquirido inicialmente por Walter Raúl Ruiz Maciel en octubre de 2022 por 500 millones de guaraníes, coincidiendo con la campaña electoral para las internas del Partido Colorado.

La trama se complica cuando el presidente Peña declara, en agosto de 2023, la compra de media hectárea del mismo terreno por 1.450 millones de guaraníes. Este valor implica un incremento del 8.100% en el precio por hectárea, pasando de 35 millones a 2.900 millones de guaraníes en menos de un año, sin justificación aparente para tal valorización.

Los registros de la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro presentan inconsistencias notables. No existe evidencia del fraccionamiento del terreno ni de la titularidad de Peña sobre ninguna porción del inmueble, que continúa registrado íntegramente a nombre de Ruiz Maciel y su esposa Teresa Quevedo.

La construcción de la mansión presidencial comenzó después de la asunción de Peña al cargo, según muestran imágenes satelitales. A agosto de 2024, la residencia era la única edificación en el supuesto barrio cerrado Jerusalem San Ber, levantando interrogantes sobre la regularidad de la obra y su financiamiento.

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Los antecedentes del vendedor, Walter Ruiz Maciel, añaden más dudas al caso. Como exdirector jurídico de la Sindicatura de Quiebras, Maciel presenta vínculos con Alberto Koube, procesado por presunto lavado de dinero en la operación A Ultranza Py. Además, su declaración jurada de febrero de 2022 no registraba propiedades en San Bernardino.

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El caso revela una red de empresas vinculadas a Ruiz Maciel en el sector inmobiliario, incluyendo Inmobiliaria Engelberto Engelwart SRL, Ruser Group SA y LEM SA, esta última constituida cuando aún ejercía como funcionario público. Estas conexiones empresariales y la falta de transparencia en la transacción inmobiliaria plantean serios cuestionamientos sobre la legitimidad de la operación.

Fuente: ABC Color