Petropar asegura abastecimiento pese a polémicas compras de diésel

La petrolera estatal Petropar se encuentra en el centro de la controversia tras la revelación de dos contratos fallidos para la compra de diésel, que suman más de USD 112 millones. Ambas operaciones, vinculadas a figuras destacadas del deporte, presentan irregularidades en sus procesos de contratación y garantías.

El primer caso involucra a la empresa AP SA, propiedad de la corredora de rally Andrea Lafarja Bittar, que firmó un contrato por USD 51,5 millones para la provisión de 70.500 metros cúbicos de diésel en 2023. La compañía, dedicada principalmente a la venta de alfombras y decoración, no cumplió con la entrega del combustible, obligando a Petropar a iniciar acciones legales para recuperar la garantía de USD 1,5 millones.

El segundo contrato, firmado en 2024 con Doha Holding Group LLC de Catar, por USD 61 millones para la compra de 100.000 toneladas métricas de gasoíl, presenta similares irregularidades. La empresa, representada por Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, fue constituida apenas meses antes de la operación y tampoco cumplió con las entregas programadas.

Un aspecto crítico en ambos casos es la aceptación por parte de Petropar de simples declaraciones juradas como garantías de cumplimiento, en lugar de exigir pólizas de seguro o garantías bancarias. Esta flexibilización de requisitos ha dificultado la recuperación de los montos comprometidos en caso de incumplimiento.

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Ante esta situación, Petropar ha iniciado un nuevo proceso de compra “urgente” para adquirir 40.000 toneladas de diésel, bajo la modalidad de “procedimiento especial”. La convocatoria, publicada a inicios de 2025, mantiene en reserva el precio de referencia hasta la adjudicación del contrato.

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A pesar de estos contratiempos, la empresa estatal asegura que no existe riesgo de desabastecimiento, argumentando que cuenta con una capacidad de almacenamiento superior a los 280.000 metros cúbicos y mantiene contratos vigentes con otros proveedores. Sin embargo, la falta de transparencia en los procesos de contratación y la flexibilización de garantías generan preocupación sobre la gestión de los recursos públicos en el sector energético.

Fuente: ABC Color