Fiscal vinculado a Lalo habría encubierto plan de fuga del PCC

La revelación de conversaciones comprometedoras entre el exfiscal adjunto César Alberto González y el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes destapa un entramado de corrupción que podría estar vinculado al encubrimiento de actividades del Primer Comando Capital (PCC) en Paraguay.

Los mensajes, publicados por el diario Última Hora, exponen una relación cercana entre González y Gomes, quien realizó una transferencia de 15 millones de guaraníes al entonces fiscal, presuntamente para financiar su campaña a la presidencia de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay.

La exministra de Justicia, Cecilia Pérez, denunció que González, cuando ejercía como fiscal adjunto de Amambay, habría “cajoneado” la investigación sobre un túnel descubierto en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero en agosto de 2020. La carpeta fiscal, supuestamente remitida a la Unidad de Crimen Organizado, nunca llegó a su destino.

La gravedad del caso se intensifica al considerar que los funcionarios penitenciarios que descubrieron el túnel fueron posteriormente asesinados, incluyendo al entonces director Domingo Antonio Bazán, quien fue abatido por sicarios en noviembre de 2023 en Concepción.

Las conexiones se extienden hasta la jueza Carmen Silva, quien en conversaciones con Lalo Gomes intercedió a favor de Waldemar Pereira Rivas, alias “Cachorrão”, presunto miembro del PCC. En estos diálogos, la jueza se quejaba de Bazán, a lo que Gomes respondió con un amenazante “Vamos a romperle”.

El abogado Luis Guillén, vinculado al clan Minotauro y excandidato cartista, también aparece en las conversaciones haciendo referencia a González como “hermano”, sugiriendo una conexión masónica entre ambos. Guillén posteriormente intentó ocupar la banca parlamentaria tras el fallecimiento de Gomes.

La investigación del túnel quedó paralizada sin que se realizaran las diligencias básicas, como solicitar informes al Ministerio de Justicia sobre los funcionarios destituidos por el caso. Esta omisión procesal sugiere un deliberado intento de obstaculizar la investigación.

El caso revela una preocupante red de influencias que involucra a funcionarios judiciales, políticos y presuntos miembros del crimen organizado, poniendo en evidencia la vulnerabilidad del sistema judicial paraguayo ante la corrupción.

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La serie de asesinatos vinculados al caso plantea serias interrogantes sobre la seguridad de quienes denuncian irregularidades en el sistema penitenciario y la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado.

El Ministerio Público enfrenta ahora el desafío de investigar no solo la fuga frustrada, sino también las conexiones entre funcionarios judiciales y el crimen organizado, en un caso que podría destapar una de las mayores redes de corrupción en el sistema judicial.

Fuente: La Política Online