Mafia de pagarés: Fiscalía analiza 2.700 expedientes

El Ministerio Público avanza en la investigación sobre el esquema conocido como la mafia de pagarés, un esquema de fraude judicial que involucra a jueces, actuarios y casas de crédito. Según el fiscal Jorge Arce, la Fiscalía ha incautado 2.700 expedientes que requieren un análisis detallado para determinar responsabilidades penales. Adicionalmente, otros 5.000 expedientes de la empresa Carsa se encuentran en auditoría del Poder Judicial.

De acuerdo con las declaraciones del fiscal Arce, el caso ya cuenta con una base fáctica establecida, y el siguiente paso será fortalecer los elementos probatorios que sustenten las imputaciones. Aún quedan por realizar diligencias clave, como la convocatoria de funcionarios judiciales, incluyendo ujieres y actuarios, quienes habrían participado en el esquema fraudulento.

Como parte de la investigación, la Fiscalía también solicitó la extracción de datos de un teléfono incautado, perteneciente a una jueza de paz, lo que podría aportar más pruebas sobre la red de corrupción dentro del Poder Judicial. Se espera que en las próximas semanas se amplíen las indagaciones y se identifiquen nuevos responsables.

El esquema de la mafia de pagarés operaba mediante la complicidad de abogados, casas de crédito y jueces de paz, quienes sustanciaban juicios ejecutivos fraudulentos para embargar salarios y bienes de personas que, en muchos casos, ya habían saldado sus deudas. Las víctimas eran en su mayoría trabajadores y personas de escasos recursos, quienes fueron despojados de sus ingresos mediante maniobras ilegales.

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Según la auditoría de la Corte Suprema de Justicia, varios jueces de paz están implicados en el esquema, incluyendo a Analía Cibils, Liliana de Britot, Gustavo Villalba, Nathalia Garcete y Víctor Rodríguez, entre otros funcionarios judiciales. Además, se detectaron irregularidades en notificaciones realizadas el mismo día y hora en ciudades lejanas, lo que evidencia una estructura de fraude sistemático.

Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos meses la Fiscalía determine imputaciones contra los responsables. La sociedad y las víctimas de este esquema exigen justicia y sanciones ejemplares para los implicados en uno de los fraudes judiciales más graves de los últimos años en el país.

Fuente: El Observador