Congreso premia a bachilleres con direcciones millonarias

El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, continúa designando a personas sin formación universitaria en puestos directivos con elevadas remuneraciones, contradiciendo su discurso inicial de “ordenar la casa” legislativa.

A ocho meses de asumir la presidencia del Congreso Nacional, cargo que mantendrá hasta 2027, el senador colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez ha establecido un patrón de nombramientos cuestionables conocidos coloquialmente como “Bachibabies”. La investigación revela que varios funcionarios sin titulación universitaria ocupan cargos directivos con remuneraciones que superan los 20 millones de guaraníes.

El caso de Evelin Mabel González Amarilla resulta particularmente ilustrativo de esta práctica. Con apenas formación secundaria completa, González Amarilla fue designada como directora de Recursos de la Información en la Dirección General de Ceremonial y Protocolo, percibiendo una remuneración mensual de G. 23.697.700. Los registros públicos indican que ingresó al Congreso en agosto de 2023 con un salario inicial de G. 3.002.700 mientras estaba comisionada a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

La evolución salarial de González Amarilla muestra un incremento exponencial. En enero de 2024, con 31 años de edad, su remuneración aumentó casi cinco veces respecto a lo que percibía anteriormente. Este abrupto ascenso coincide precisamente con su nombramiento como directora bajo la administración de Núñez.

https://www.rdn.com.py/2024/12/16/bachi-nunez-anuncia-transparencia-tras-ocultar-privilegios-millonarios/

La investigación ha identificado un patrón sistemático de designaciones similares. Luz Fabiola Cardozo Amarilla, otra funcionaria con formación secundaria, fue nombrada directora de Convenios de la Biblioteca y Archivo Central con una remuneración de G. 23.697.700 según la planilla de enero de 2024. A pesar de carecer de formación universitaria, Cardozo Amarilla aparece clasificada como “Especialista II”, categoría que presupone formación especializada en un área específica.

El desglose de su remuneración revela que percibe G. 15.700.000 en concepto de salario base, más dos bonificaciones: una de G. 5.468.700 y otra de G. 2.529.000. Con 40 años de edad y habiendo ingresado al Congreso en 2005, los registros muestran que sus ingresos experimentaron un notable incremento a partir de 2023, coincidiendo con el inicio de la actual legislatura.

Carmen Mariela Garcete de Segovia representa otro caso paradigmático. Sin titulación universitaria, fue designada directora de Talento Humano de la Biblioteca del Congreso Nacional “Augusto Roa Bastos”, con una remuneración mensual de G. 22.029.000. Los registros del Ministerio de Hacienda indican que, hasta el año pasado, Garcete de Segovia percibía G. 10.500.000 como funcionaria permanente del Senado, más G. 6.437.700 como comisionada al Congreso.

Con 51 años y vinculada al Congreso desde el año 2000, Garcete de Segovia también experimentó un notable incremento salarial desde 2023, coincidiendo con el inicio del actual periodo legislativo y presidencial, patrón que se repite en varios casos analizados.

El caso de Carolina Beatriz Soto Jara presenta otra inconsistencia administrativa. Como jefa del Departamento de Difusión y Comunicación de la Academia Legislativa, Soto Jara figura con formación secundaria pero está categorizada como “Profesional III”. Esta designación le permite percibir G. 13.000.000 de salario base más G. 3.900.000 en bonificaciones, totalizando G. 16.900.000 mensuales. Con 34 años y vinculada al Congreso desde 2013, sus ingresos aumentaron significativamente desde 2022.

Estos nombramientos revelan una contradicción fundamental entre el discurso reformista inicial de Bachi Núñez y su práctica administrativa actual. La designación de personas sin formación universitaria en cargos que requieren competencias técnicas específicas, con remuneraciones que superan ampliamente el salario mínimo vigente, plantea interrogantes sobre los criterios de selección y la meritocracia en la administración legislativa.

La discrepancia entre la categorización laboral y la formación académica de estos funcionarios evidencia posibles irregularidades en el sistema de clasificación y remuneración del Congreso. Designar como “Especialista” o “Profesional” a personas sin la formación correspondiente constituye una inconsistencia administrativa que contradice los principios de transparencia y profesionalización del servicio público.

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Mientras el Congreso Nacional enfrenta estos cuestionamientos sobre su política de recursos humanos, simultáneamente avanza en la ampliación de su infraestructura edilicia, lo que sugiere una expansión tanto en personal como en instalaciones. Esta situación genera preguntas sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la coherencia entre el discurso político y las acciones administrativas del actual presidente legislativo.

El caso de los “Bachibabies” ilustra las tensiones entre el clientelismo político tradicional y las demandas de modernización y profesionalización del aparato estatal paraguayo. La ciudadanía espera que las instituciones públicas, especialmente el órgano legislativo, establezcan estándares de transparencia, meritocracia y uso eficiente de los recursos. Sin embargo, prácticas como las documentadas en esta investigación socavan la confianza pública y perpetúan patrones de administración cuestionables.

Fuente: ABC Color