Lambaré convoca Audiencia Pública con 40 días de retraso ilegal

La Municipalidad de Lambaré ha citado a una Audiencia Pública de rendición de cuentas para este jueves 20 de marzo a las 17 horas en el Tinglado Municipal (Luis María Argaña y Cacique Lambaré), en evidente violación a la Ley 5990/16 que establece los procedimientos de transparencia municipal.

La convocatoria se difundió apenas dos días antes del evento, únicamente por redes sociales y mediante notificaciones enviadas de forma selectiva a comisiones vecinales afines al gobierno municipal. Esta irregularidad contraviene directamente la normativa vigente, que fija como fecha límite “la primera quincena de febrero de cada año” para la realización de estas audiencias.

 

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Al retraso de 40 días se suma otra grave omisión: la falta de distribución anticipada del folleto informativo detallado que, por ley, debe entregarse a todas las comisiones vecinales reconocidas. Esta documentación, obligatoria con una semana de anticipación, debe incluir Balance General, Estado de Resultados, Ejecución Presupuestaria y desglose de las transferencias recibidas del Ministerio de Hacienda.

Este incumplimiento impide que los vecinos estudien previamente los datos financieros y de ejecución de obras, obstaculizando su capacidad para formular cuestionamientos sustanciales durante la audiencia. La improvisación socava el propósito consultivo que la ley asigna a estos espacios democráticos.

Especialmente crítica es la ausencia de información sobre la gestión de royalties, compensaciones y recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE). Estos fondos, destinados principalmente a infraestructura educativa y proyectos sociales, exigen una transparencia absoluta y fiscalización permanente por parte de la ciudadanía.

La ley también requiere informes sobre licitaciones del ejercicio anterior y transferencias a organizaciones vecinales o sin fines de lucro. Sin acceso previo a esta información, resulta imposible detectar posibles irregularidades en contrataciones o distribución de recursos públicos.

Aunque la audiencia formalmente permitirá a los asistentes expresar opiniones, la preparación precipitada y la falta de documentación previa comprometen la efectividad del debate. Es importante recordar que estas audiencias, aun siendo consultivas y no vinculantes, constituyen un mecanismo esencial de control ciudadano sobre los actos de gobierno municipal.

El documento resultante deberá adjuntarse al informe oficial enviado a los organismos de control, pero permanece la duda sobre la legitimidad de un proceso que ha incumplido requisitos fundamentales de la legislación. Este caso evidencia los obstáculos persistentes para implementar mecanismos efectivos de transparencia en gobiernos municipales, donde el respeto a las normativas sigue siendo excepcional en vez de habitual.