Intendenta adjudica millones a su propia estación de servicio

La intendenta de Mariano Roque Alonso, Carolina Aranda, enfrenta cuestionamientos por presuntamente beneficiar a una estación de servicio vinculada a su patrimonio familiar.

La polémica surgió tras la firma del contrato Nº 0004/2024 entre la Municipalidad de Mariano Roque Alonso y el Grupo Bahía SA por más de 2.000 millones para la provisión de combustible destinado a los vehículos de la comuna. Este acuerdo permite que la flota municipal cargue combustible en cualquier estación del emblema ubicada en la ciudad.

Según declaraciones juradas oficiales, tanto Aranda como su esposo, el diputado Marcelo Salinas, son propietarios de la firma Bryco SA, que opera precisamente una estación de servicio del Grupo Bahía en la ciudad. La estación está ubicada en la Ruta Nacional Transchaco PY 09 y Luis de Herrera, en las Fincas Nº 4.045, 4.047 y 4.052 de Mariano Roque Alonso.

Los documentos oficiales revelan que la intendenta posee 50 acciones valoradas en G. 4.500.000 cada una, totalizando una participación de G. 225.000.000 en Bryco SA. Su esposo, el diputado Salinas, mantiene una participación idéntica en la misma empresa, lo que consolida el control familiar sobre la firma beneficiada indirectamente por la licitación municipal.

Cabe recordar que al inicio del actual periodo parlamentario, los congresistas derogaron la normativa que regulaba estas situaciones tras un polémico caso que involucró al senador Luis Pettengill.

https://www.rdn.com.py/2024/02/15/contraloria-confirma-infraccion-de-pettengill-se-viene-su-destitucion/

 

La gestión de Aranda, quien integra el movimiento Nuevo Liberalismo liderado por el gobernador Ricardo Estigarribia, ya había sido objeto de cuestionamientos previos. En octubre de 2024, funcionarios y concejales denunciaron retrasos en el pago de salarios, situación que generó malestar en la administración municipal.

A los problemas de presunto favorecimiento se suman graves denuncias sobre la situación financiera de la comuna. Además del retraso en pagos salariales, existe un supuesto faltante de G. 5.000 millones de una “caja paralela” y una deuda de G. 13.440.980.742 con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, correspondiente a aportes descontados a los funcionarios pero no transferidos.

Fuente: El Nacional