Periodistas en Paraguay enfrentan amenazas y leyes pendientes

La situación de la libertad de prensa en Paraguay continúa siendo motivo de preocupación. A pesar de registrarse 21 asesinatos de periodistas desde 1991, hasta hoy siguen pendientes leyes que garanticen su protección y mejores condiciones laborales. Organizaciones como el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) denuncian agresiones y precarización, especialmente en zonas de frontera.

Un proyecto de ley para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos fue presentado ante el Senado, pero permanece estancado en la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el senador Mario Varela. Esta propuesta busca establecer protocolos y recursos para salvaguardar la labor periodística en situaciones de riesgo, sin avances significativos hasta la fecha.

En paralelo, la Codehupy y el SPP impulsaron dos nuevos anteproyectos: uno para crear el "Premio Santiago Leguizamón" al periodismo de investigación, y otro para formar un grupo de trabajo que investigue los asesinatos de periodistas desde 1989. Estas iniciativas responden a la condena internacional dictada por la Corte IDH contra el Estado paraguayo por el homicidio de Santiago Leguizamón en 1991.

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El hostigamiento hacia los medios críticos también se ha incrementado en la actual administración. Declaraciones del presidente Santiago Peña y de otros funcionarios, así como episodios de violencia verbal y física, han consolidado un ambiente hostil para el ejercicio libre del periodismo. Casos recientes como el oficio fiscal intimidatorio a medios y las denuncias de interferencia en investigaciones refuerzan esta preocupación.

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El observatorio de la Mesa para la Seguridad de Periodistas registra más de 600 casos de agresiones en los últimos años. Sumado a ello, la precarización laboral en medios de comunicación impacta directamente en la calidad informativa, limitando el derecho ciudadano a recibir información veraz y plural.

Desde la Codehupy se recuerda que callar a un periodista significa vulnerar derechos fundamentales. La ciudadanía, advierten, pierde cuando no se garantiza la libertad de expresión y la seguridad de quienes ejercen el periodismo.

Fuente:  Última Hora