Justicia fija fecha para caso de ex funcionario de Nenecho

La Justicia fijó para los días 9, 10 y 11 de junio la audiencia preliminar en el caso que involucra a Wilfrido Cáceres, quien fuera director de administración y finanzas de la Municipalidad de Asunción y colaborador cercano del intendente Óscar Rodríguez.

El juez Rodrigo Estigarribia estableció estas fechas para analizar los elementos presentados por la Fiscalía contra Cáceres, quien enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En el mismo proceso también están implicadas otras tres personas: su esposa Ruth Da Silva, su secretaria Camila Ramírez Gómez y Elvira Gómez de Ramírez.

Los fiscales Silvio Corbeta y Luis Piñánez, encargados de la investigación, sostienen que cuentan con evidencias contundentes que justifican elevar el caso a juicio oral. La acusación se basa principalmente en la discrepancia detectada entre los ingresos declarados por el ex funcionario y el patrimonio adquirido durante su gestión.

La investigación se inició luego de un allanamiento realizado en la lujosa residencia del ex funcionario municipal. Según los informes de la Contraloría General de la República (CGR), existe una “inconsistencia patrimonial” entre lo declarado por Cáceres en sus declaraciones juradas correspondientes a los años 2019 y 2021, y la realidad de sus bienes.

https://www.rdn.com.py/2025/05/15/exdirector-de-finanzas-de-nenecho-acumula-patrimonio-millonario-injustificado/

Un aspecto clave del caso es una propiedad ubicada en la zona de Costa Guasu, San Lorenzo. De acuerdo con los registros analizados por el Ministerio Público, Ruth Da Silva adquirió dos terrenos por 100 millones de guaraníes e inició la construcción de una vivienda. Posteriormente, vendió la propiedad a la secretaria Camila Ramírez por el mismo valor, pese a las significativas mejoras realizadas.

“Las investigaciones revelaron que, aunque la propiedad figura a nombre de Ramírez, es el matrimonio Cáceres-Da Silva quien reside allí, disfrutando de comodidades que no se corresponden con sus ingresos declarados”, explicó una fuente cercana al caso.

Unite a nuestro canal de WhatsApp

El Ministerio Público sostiene que esta operación inmobiliaria fue parte de una estrategia para ocultar bienes que no podían justificarse con los salarios percibidos por la pareja, utilizando a una joven de 19 años como “prestanombre”.

La audiencia de junio será crucial para determinar si el caso avanza a juicio oral o si se desestiman los cargos. De ser hallados culpables, los implicados podrían enfrentar severas penas conforme a la legislación paraguaya.

Fuente: Judiciales. Net