Diputados apura caso Prieto y congela el de Nenecho

La Cámara de Diputados puso en marcha este lunes el proceso de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este (CDE), bajo la administración de Miguel Prieto (YoCreo). A las 11:00 se instaló oficialmente la Comisión Especial que analizará el pedido presentado por la Contraloría General de la República, en un trámite que avanza con rapidez, a diferencia del caso del intendente asunceno Óscar “Nenecho” Rodríguez, cuya situación permanece en pausa.

La reunión se llevó a cabo en la sala de la Comisión de Bienestar Rural del Congreso, donde los nueve integrantes del grupo –cinco de ellos del movimiento Honor Colorado– comenzaron a delinear los pasos del proceso. Según lo establece la Ley 317/94, la comisión tiene un plazo de 15 días hábiles para emitir un dictamen que será considerado por el pleno, el cual decidirá por mayoría simple si aprueba o no la intervención.

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En contraste, la comisión designada para tratar el pedido de intervención contra el intendente Rodríguez aún no ha sido convocada. El diputado cartista Rodrigo Gamarra, responsable de llamar a la primera sesión, se encuentra fuera del país y recién mañana retornaría de México. Por ello, se estima que recién el miércoles podría haber avances, aunque no hay confirmación oficial.

La diferencia de ritmos entre ambos casos generó cuestionamientos en el plano político, ya que mientras el proceso contra Prieto avanza incluso con reemplazos de miembros ausentes, como ocurrió con el diputado Miguel del Puerto (viajó a India) por Jorge Barressi, el expediente contra Nenecho permanece estancado, a pesar de las denuncias que pesan sobre su gestión y las nuevas propuestas de endeudamiento para la comuna.

La primera reunión de la Comisión Especial en el caso Prieto también tuvo como punto clave la elección de su mesa directiva, que será la encargada de fijar las fechas de comparecencia de representantes de la Contraloría y del propio intendente, quien deberá presentar su descargo.

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Ambos jefes comunales utilizaron las redes sociales durante el fin de semana para mostrar obras y avances en sus municipios, en lo que parece una estrategia de defensa pública más dirigida a la ciudadanía que al Congreso, donde el desenlace dependerá de fuerzas políticas.

De aprobarse la intervención, el intendente queda automáticamente apartado del cargo y el Poder Ejecutivo debe designar un interventor en un plazo máximo de 15 días. La intervención puede durar hasta 90 días, tras los cuales se presenta un informe final que será evaluado por la Cámara Baja, la cual decidirá si corresponde la destitución del jefe comunal.

Fuente: ABC Color