Denuncian uso excesivo de fuerza en desalojos rurales

La Organización de Lucha por la Tierra (OLT) denunció públicamente el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales durante operativos de desalojo ejecutados en comunidades campesinas e indígenas en diversos puntos del país. Los casos más recientes se registraron en los departamentos de Caazapá y Canindeyú, donde se reportaron agresiones contra mujeres, niños y adultos mayores.

Uno de los episodios más graves ocurrió en San Juan Nepomuceno, Caazapá, a inicios de este año. Allí, más de 160 familias campesinas fueron desalojadas violentamente, sin que se brindaran medidas de asistencia o protección humanitaria. Según los testimonios recogidos por la OLT, los procedimientos se llevaron a cabo sin previo aviso y con un despliegue policial que no consideró la vulnerabilidad de los afectados.

En declaraciones públicas, el dirigente Evelio Ramón Giménez alertó que en las tierras desalojadas ya se encuentran operando maquinarias destinadas a la producción mecanizada de soja transgénica, eucaliptales y arrozales. Esta transformación del uso de suelo representa, según la organización, una amenaza directa a la seguridad alimentaria de las familias desplazadas.

La situación es particularmente crítica en el distrito de Maracaná, Canindeyú, donde decenas de familias sobreviven bajo carpas improvisadas sin acceso a alimentos, agua potable ni atención médica. Se denunció que, en todos los casos documentados, las autoridades actuaron con una fuerza desproporcionada que comprometió la integridad física y emocional de las personas afectadas.

Desalojo suspendido en comunidad indígena

Uno de los operativos fue suspendido gracias a la mediación de actores sociales y religiosos. El desalojo previsto en la comunidad indígena Hugua Po’i, en Caaguazú, fue postergado tras la intervención del monseñor Juan Bautista Gavilán, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, quien comunicó personalmente la decisión a los pobladores.

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La comunidad Mbya Guaraní de Hugua Po’i ocupa desde hace décadas unas mil hectáreas de territorio ancestral. Según las organizaciones que acompañan su lucha, ya fueron víctimas de al menos dos desalojos previos, por lo que persiste una situación de amenaza constante para las familias que aún habitan la zona.

Reclamo por una solución estructural

Diversas organizaciones sociales insisten en la necesidad de una política pública integral que garantice el respeto a los derechos territoriales de comunidades indígenas y campesinas. La OLT insta al Gobierno a detener los desalojos sin resolución judicial firme y sin ofrecer alternativas habitacionales o productivas para las familias afectadas.

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El reclamo también apunta al Ministerio Público, por autorizar operativos sin condiciones mínimas de protección, y a las fuerzas policiales, por ejecutar procedimientos con violencia innecesaria. Desde el ámbito eclesial y de derechos humanos, se exige un abordaje que priorice el diálogo y la restitución de derechos históricos sobre la tierra.

Fuente: Última Hora