Fiscalía extiende causa por niño ahogado en guardería

El Ministerio Público solicitó un año adicional para continuar la investigación sobre la muerte de un niño de dos años en la guardería Happy Education Learning Place (HELP), ocurrida en julio de 2024. El pedido fue realizado por el fiscal Leonardi Guerrero, quien asumió la causa tras un cambio interno en la institución, y aprobado por la jueza penal de garantías Diana Carvallo mediante auto interlocutorio. El sobreseimiento provisional beneficia a Gisselle Hilda Gill Sanabria, propietaria del centro infantil donde ocurrió el fallecimiento. La imputación por homicidio culposo sigue vigente, pero con la prórroga la Fiscalía espera culminar 24 diligencias antes de formular una eventual acusación.

Entre las tareas pendientes se incluyen declaraciones testificales de personal médico, policial y testigos del entorno de la víctima, así como informes técnicos clave. La Fiscalía también aguarda respuesta de varias instituciones, como el Ministerio de la Niñez, el Ministerio de Economía y el sistema 911.

Está prevista una reconstrucción de los hechos, además del análisis de imágenes de circuito cerrado, la transcripción de audios y una asistencia jurídica internacional solicitada a Estados Unidos, relacionada con la cuenta de Instagram de la guardería.

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El establecimiento, ubicado en el barrio La Recoleta de Asunción, no contaba con habilitación del Ministerio de Educación ni con autorización municipal. El menor fue hallado 18 minutos después de caer a la piscina, sin que existieran barreras de protección ni supervisión adecuada.

El Ministerio Público determinó que la piscina estaba cargada con agua y no contaba con dispositivos de seguridad. La niñera del niño detectó el hecho pasadas las 09:49 y, pese a los intentos de reanimación, el menor falleció por asfixia por sumersión.

La investigación estuvo inicialmente a cargo de la fiscala Natalia Cacavelos, quien solicitó una prórroga extraordinaria. En febrero de 2025, fue reasignada a otra unidad, y Guerrero asumió el caso. La transición generó demoras en el avance de diligencias esenciales.

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La solicitud de sobreseimiento provisional fue justificada por el volumen de tareas pendientes y la complejidad del caso. Entre los elementos en análisis figura el rol de la propietaria, la omisión de medidas de seguridad y la ausencia de habilitaciones para operar como centro de cuidado infantil.

Gisselle Gill Sanabria enfrenta cargos por homicidio culposo, con una expectativa de pena de hasta cinco años de prisión o multa, según el artículo 107 del Código Penal. La Fiscalía prevé concluir la etapa investigativa y presentar requerimiento conclusivo en un plazo máximo de seis meses, una vez completadas las diligencias.

Fuente: ABC Color