Contralor alerta que legalizar puenteo será atentado a transparencia

El Contralor General de la República, Camilo Benítez, expresó su preocupación ante la posibilidad de que la Cámara de Diputados apruebe un proyecto de ley que ampliaría las atribuciones del Tribunal de Cuentas. El funcionario entregó su informe anual de gestión al presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, y aprovechó la ocasión para advertir sobre los riesgos institucionales que implicaría la iniciativa.

El proyecto, ya modificado por la Cámara de Senadores, modifica el artículo 30 del Código de Organización Judicial y otorga nuevas competencias a dos salas adicionales del Tribunal de Cuentas, entre ellas, la de juzgar cuentas de inversión del Presupuesto General de la Nación.

Para Benítez, esta modificación institucionaliza el llamado “puenteo” a la Contraloría, práctica que consiste en que autoridades públicas eviten auditorías rigurosas sometiéndose a juicios sumarios por parte del Tribunal de Cuentas, órgano que, según el contralor, carece de estructura y capacidades técnicas suficientes para una fiscalización profunda.

El titular de la Contraloría señaló que esta medida sería un retroceso en materia de transparencia, ya que deja sin efecto la revisión previa del organismo que dirige. Advirtió que si el proyecto prospera, se estaría normalizando una práctica que hasta ahora ha sido considerada irregular por los organismos de control.

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En respuesta, el Contralor fue citado por la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara de Diputados para este lunes, a fin de expresar formalmente su postura. El proyecto figura en el punto 23 del orden del día y será uno de los temas centrales del próximo debate parlamentario.

Benítez sostuvo que la propuesta más peligrosa es la versión aprobada por la Cámara Alta, por lo que consideró preferible la alternativa de Diputados, aun si esta también requiere ajustes. Afirmó que su institución propuso una tercera vía: permitir el juzgamiento por el Tribunal de Cuentas solo si previamente existe una auditoría de la Contraloría.

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La Contraloría espera que, en caso de avanzar la versión cuestionada, el Poder Ejecutivo ejerza su facultad de veto. Según Benítez, esto se alinearía con la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y con los compromisos institucionales asumidos por la presidencia.

El proyecto de ley en discusión no solo redefine el esquema de control financiero del Estado, sino que también pone en tensión la coherencia del gobierno, ya que la Contraloría ha utilizado el argumento del “puenteo” en causas contra intendentes como Miguel Prieto y Óscar Rodríguez.

Fuente: ABC Color