Diputados busca frenar el regreso de Miguel Robles

La posibilidad de que Miguel Robles retorne a su cargo en la Cámara de Diputados, tras cumplir la pena mínima por corrupción, generó un nuevo conflicto institucional. Aunque Robles fue condenado por su papel en el millonario desvío de fondos públicos en la Gobernación de Central, su situación laboral dentro del Congreso aún no fue cerrada del todo.

El presidente de Diputados, Raúl Latorre, aseguró que bajo su gestión se solicitó la destitución formal del funcionario. Sin embargo, el proceso se estancó cuando el juez sumariante —una figura externa al Legislativo— no acompañó el pedido. Esta decisión impidió concretar la desvinculación definitiva de Robles, quien sigue apareciendo en los registros administrativos del Parlamento.

Latorre explicó que, ante este escenario, se están evaluando mecanismos legales para asegurar que Robles no vuelva a ocupar ningún cargo en la institución. “La intención de esta Cámara siempre fue la destitución”, subrayó el diputado, reafirmando que el caso está lejos de cerrarse políticamente.

Miguel Robles fue condenado junto al exgobernador Hugo Javier González a 10 años de prisión por lesión de confianza y producción de documentos falsos. Ambos fueron hallados culpables de desviar más de G. 5.100 millones que debían destinarse a obras durante la pandemia de COVID-19.

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La maniobra incluyó contratos con empresas ficticias y facturas sin respaldo, afectando recursos que debían utilizarse para la reactivación económica. Según la Fiscalía, Robles fue el operador central del esquema fraudulento que marcó uno de los casos más resonantes de corrupción en pandemia.

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La condena fue dictada en 2023, y aunque Robles ya cumplió una parte de la pena bajo medidas sustitutivas, su vínculo laboral con el Congreso permanece como un punto débil del sistema institucional. Para muchos, esto refleja una falla en los filtros administrativos del Estado.

Mientras tanto, desde el entorno del exfuncionario no se confirmó si solicitó su reincorporación. No obstante, la sola posibilidad encendió alarmas en la Cámara Baja, donde se busca evitar que un condenado por corrupción vuelva a percibir salario público.

Fuente: ÚH