Grave denuncia contra empresa de juegos de azar por amenazas y retención ilegal

Cuatro jóvenes denunciaron haber sido víctimas de retención ilegal, amenazas de muerte y renuncia forzada por parte de la empresa Bet Connections, filial de King Connections S.A., dedicada al desarrollo tecnológico para plataformas de juegos de azar. Los hechos ocurrieron el miércoles 9 de julio en la sede ubicada en Lambaré.

Los afectados, Alan Báez, Edgar Martino, Simons Espínola y Axel Báez, formaban parte del equipo de soporte técnico de la firma. Ese día, según relataron, fueron encerrados por más de tres horas en la oficina, despojados de sus pertenencias y sometidos a un interrogatorio sin respaldo legal, bajo acusaciones de sabotaje informático.

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De acuerdo con el testimonio de los jóvenes, el CEO de la empresa, Jesús Rafael Campos Briceño, su esposa Katia Mendes de Campos y Carlos Báez, quien se identificó como agente del Departamento contra el Cibercrimen y portaba un arma, participaron directamente del procedimiento. Campos acusó a los empleados de haber generado pérdidas de hasta USD 70.000 a la empresa.

CEO de la empresa, Jesús Rafael Campos Briceño

Entre las 18:00 y las 21:15, los trabajadores fueron interrogados individualmente y presionados para que revelaran supuestos cómplices. Bajo amenazas de cárcel y muerte, fueron obligados a firmar renuncias voluntarias. Según indicaron, nunca se les presentó evidencia alguna de los cargos que se les imputaban.

La empresa opera desde una sede ubicada en la calle Primero de Marzo casi Piribebuy, y según los denunciantes, ya contaba con antecedentes de despidos injustificados, irregularidades en el pago de aportes al IPS y declaraciones salariales inferiores a lo efectivamente abonado.

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Una semana después del incidente, el martes 15 de julio, los jóvenes fueron citados por el área administrativa de King Connections S.A. Allí se les ofrecieron liquidaciones laborales que no se ajustaban a lo establecido por el Ministerio de Trabajo para casos de despido injustificado.

Los denunciantes solicitaron la intervención del Ministerio de Trabajo y de organismos de derechos humanos, con el fin de asegurar el cobro correspondiente y exigir justicia por lo que califican como un acto de abuso grave, sin respaldo jurídico y con presuntas implicancias penales.

Fuente: RDN