Imputan a funcionario de Diputados por ejercicio ilegal

La Fiscalía de Santa Rosa del Aguaray imputó al abogado y funcionario de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, por la presunta comisión del hecho punible de cobro indebido de honorarios. El fiscal José Alberto Godoy Blanco sostiene que el imputado ejerció la abogacía en forma particular pese a estar legalmente inhabilitado por su condición de funcionario público permanente.

La imputación refiere que Bogarín Campuzano actuó como litigante en un juicio sucesorio iniciado el 27 de diciembre de 2018, representando a herederos del expediente civil N.º 308/2018. Según el Ministerio Público, el funcionario presentó escritos y gestionó el proceso judicial, incumpliendo la normativa que impide a los funcionarios ejercer la abogacía por cuenta propia.

El caso fue denunciado por las abogadas Gessy Ruiz Díaz y Bilfia Aria, quienes actuaron en representación del denunciante David Friessen. De acuerdo con la denuncia, entre 2018 y 2024, Bogarín habría intervenido en el proceso sucesorio percibiendo pagos por sus servicios legales, en violación directa a la ley.

https://www.rdn.com.py/2024/12/19/fiscalia-imputa-a-exfuncionario-del-congreso-por-estafa/

La investigación señala que, el 15 de noviembre de 2021 y el 15 de septiembre de 2022, el imputado habría recibido los montos de USD 10.000 y USD 20.000, respectivamente, como honorarios por su intervención como abogado en el mencionado proceso. Estas transacciones fueron realizadas por los herederos de la sucesión en cuestión.

Además del juicio referido, el fiscal sostiene que existen otros antecedentes en los que Bogarín habría ejercido la profesión de abogado, a pesar de su inhabilitación por ser Director permanente en la Cámara de Diputados. Esta conducta refuerza la sospecha del uso indebido de su condición para beneficio personal.

El Ministerio Público sostiene que la conducta de Bogarín se encuadra en el artículo 313, inciso 1.º del Código Penal Paraguayo, que tipifica el cobro indebido de honorarios, en concordancia con el artículo 29 del mismo cuerpo legal. Por ello, se ha solicitado un plazo de seis meses para proseguir con la investigación penal preparatoria.

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De manera paralela, Bogarín también está procesado en otra causa, junto a Ilsa Marisela Paredes y José Francisco Ljubetich, por una presunta estafa de USD 1.600.000 a colonos menonitas de la colonia Río Verde, departamento de San Pedro. La Corte Suprema de Justicia confirmó recientemente la prórroga de la investigación en ese proceso.

La acumulación de imputaciones complica el panorama judicial del funcionario, quien deberá enfrentar las consecuencias legales por el presunto ejercicio indebido de su profesión y la percepción irregular de pagos como abogado litigante, estando formalmente impedido por su cargo público.

Fuente: El Observador