Trata de personas: rutas críticas y focos en Paraguay

La trata de personas en Paraguay presenta una estructura compleja, vinculada al crimen organizado y enraizada en zonas fronterizas estratégicas. Estas regiones actúan como corredores de paso donde se camuflan delitos como la explotación sexual y el tráfico de drogas.

Según investigaciones del Observatorio del Ministerio Público, se han identificado puntos críticos para el desarrollo de esta actividad ilícita. El psicólogo José Caballero destaca la importancia de reconocer las rutas que atraviesan fronteras y que permiten el desplazamiento de víctimas en contextos de tránsito legal.

Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Puerto José Falcón figuran como las zonas más sensibles. Estas localidades, por su cercanía con Brasil y Argentina, funcionan como polos de captación y traslado de víctimas, muchas veces menores de edad, forzadas a colaborar como señuelos o transportadoras de sustancias ilegales.

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El fenómeno también se extiende a las rutas fluviales. Regiones portuarias como Pilar, San Pedro, Concepción y Ñeembucú albergan focos de explotación, especialmente en zonas ribereñas de difícil control, donde la vigilancia estatal es limitada.

Un estudio del Departamento de Estadísticas del Ministerio Público señala que entre 2019 y 2024 se registraron 392 denuncias de trata en el país. El 71% de las víctimas son mujeres. Los menores de 13 años representan el 13%, mientras que las adolescentes entre 14 y 17 años encabezan las cifras con un 34%.

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Las consecuencias de la trata son graves y duraderas. Las víctimas suelen desarrollar depresión, ansiedad y estrés postraumático. Además, enfrentan estigmatización social y dificultad para restablecer vínculos personales y familiares.

La psicóloga Soledad Barge menciona síntomas recurrentes como baja autoestima, desesperanza, fatiga emocional y pensamientos de persecución. Estas secuelas afectan la capacidad de reintegración social y laboral de las personas afectadas.

Desde los organismos estatales se insiste en la necesidad de asistencia psicológica, denuncia oportuna y apoyo familiar. El abordaje integral es clave para garantizar la recuperación y autonomía de las víctimas.

Fuente: ABC Color