Funcionaria de la Contraloría se queja por tener que trabajar ocho horas al día

La aplicación de la Ley de Servicio Civil comenzó a generar resistencia entre trabajadores del sector público. Varios sindicatos ya presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, rechazando el aumento de su jornada laboral de seis a ocho horas diarias, lo que consideran una violación a derechos adquiridos.

Una de las entidades afectadas es la Contraloría General de la República, donde un grupo de funcionarios manifestó su malestar luego de que la institución adoptara formalmente la normativa mediante resolución. La medida, firmada por el contralor Camilo Benítez, provocó la reacción inmediata de unos cien trabajadores, quienes ya recurrieron a la Sala Constitucional.

 

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En un audio que circuló públicamente este jueves, una funcionaria se expresó en tono crítico hacia el contralor y reveló que están gestionando una reunión con la senadora cartista Lilian Samaniego, a fin de que interceda ante el ministro constitucionalista Gustavo Santander. El objetivo sería obtener un fallo favorable que mantenga su horario anterior de seis horas diarias.

“Es un derecho adquirido. Nuestro contrato colectivo establece 30 horas semanales, no más”, se escucha en el audio. La funcionaria también menciona que el caso aún no tiene preopinante designado y que buscan acercarse al ministro Santander a través de contactos políticos.

Consultado sobre el contenido del audio, el ministro Santander afirmó que aún no fue sorteado ningún expediente a su nombre y que, por lo tanto, no tiene detalles del caso. No obstante, reconoció que ha recibido múltiples acciones similares en las últimas semanas, como la presentada por funcionarios de la Municipalidad de Asunción.

“El ciudadano tiene derecho a ser escuchado. Que alguien venga a presentar una inquietud no implica tráfico de influencias”, aclaró el magistrado, en referencia a los intentos de contacto político revelados en la grabación.

Por su parte, desde la Contraloría sostienen que la resolución que aplica la nueva ley se basa en una disposición general y que su implementación es parte del proceso de armonización del empleo público.

Fuente: ABC Color