Sedeco admite que no puede actuar contra la “mafia de los pagarés”

La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) quedó nuevamente en el centro de la polémica tras la comparecencia de su titular, Sara Irún, ante la Comisión Antimafia de Pagarés del Senado. Durante la sesión, la ministra reconoció que la institución no cuenta con los recursos humanos ni con la estructura necesaria para regular a las casas de cobranzas ni responder a los múltiples pedidos de informes que recibe del Congreso.

Irún afirmó que Sedeco es una institución “muy pequeña”, sin sistemas informáticos actualizados y con apenas 60 funcionarios, de los cuales más de la mitad están comisionados de otras entidades públicas. Explicó que solo dos personas atienden consultas, cuatro gestionan reclamos y otros cuatro actúan como mediadores, pese a que el organismo recibe alrededor de 1.000 casos por mes.

En su exposición, reconoció que el volumen de reclamos se multiplicó en los últimos años, pasando de 150 mensuales a más de 1.000, lo que generó un colapso en la capacidad de respuesta. “Un 80% de los reclamos se resuelve en la etapa de mediación, pero son muy pocos los casos que llegan a sumario administrativo”, detalló.

La ministra también admitió que la institución enfrenta debilidades jurídicas, en parte por la falta de especialistas en derecho del consumidor. Incluso reconoció que en ocasiones debe estudiar resoluciones de madrugada “para no firmar cualquier cosa”, lo que expone la precariedad con la que se manejan procesos clave.

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Irún fue cuestionada por la reciente decisión de clausurar 263 locales de la cadena Biggie en todo el país, medida que luego reconoció haber interpretado de manera equivocada. A este episodio se suma el creciente número de pedidos de informes del Congreso y dictámenes de proyectos de ley que, según dijo, sobrepasan la capacidad operativa del ente.

La titular de Sedeco responsabilizó además a la administración anterior por incumplir plazos procesales en juicios de defensa del consumidor, lo que provocó que la institución perdiera casos en los tribunales. “Lastimosamente esto va en contra del consumidor. Lloré por dejarle sin su derecho”, expresó entre críticas a la gestión precedente.

Fuente: ABC Color