Fiscalía solicita juicio oral para Nenecho y 15 acusados por el caso “detergentes de oro”

El caso conocido como “detergentes de oro” vuelve a marcar la agenda judicial en el país. La Fiscalía presentó acusación contra el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, y otras quince personas, solicitando que la causa avance a juicio oral y público.

De acuerdo con la investigación, el Ministerio Público imputa a los acusados por los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal. La causa se originó durante la administración municipal en la etapa crítica de la pandemia del Covid-19, cuando se registraron compras de productos de limpieza a precios elevados.

Entre los procesados, además de Rodríguez, figuran César Daniel Ojeda Figueredo, Edgar Fabián Estigarribia Gavilán, Wilfrido Adrián Cáceres Flores, Edwin López Cattebeke y Enrique Antonio Chávez Benítez, entre otros nombres vinculados al caso. La acusación fiscal sostiene que se conformó un esquema con roles distribuidos para ejecutar las operaciones irregulares.

La imputación inicial fue presentada el 2 de septiembre del año pasado por los fiscales Jorge Luis Arce Rolandi, Silvio Corbeta y Marlene González, integrantes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Según el Ministerio Público, Rodríguez habría liderado el grupo que operó desde la Comuna capitalina durante la emergencia sanitaria.

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La polémica surgió en octubre del 2021, cuando el propio municipio divulgó documentos de gastos vinculados a la pandemia. Entre ellos, figuraban adquisiciones de desinfectantes y toallitas a costos que generaron cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en plena crisis.

La denuncia formal fue presentada en su momento por legisladores y concejales de Asunción, entre ellos Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García, junto con abogados y referentes de la oposición. Estas presentaciones dieron inicio al proceso que hoy alcanza una nueva etapa con la acusación y la solicitud de juicio oral.

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Para los investigadores, los hechos no fueron aislados, sino parte de un esquema organizado dentro de la administración municipal. Las pruebas recolectadas, aseguran, permiten sostener que existió una estructura dedicada a manejar recursos con fines distintos a los establecidos legalmente.

El siguiente paso procesal dependerá del Juzgado, que deberá resolver si la causa se eleva a juicio oral. De confirmarse, el exintendente y sus coacusados enfrentarán un proceso público en el que se debatirá la validez de las pruebas y las responsabilidades individuales.

Fuente: ÚH