Nenecho dilapidó caja chica en plena campaña electoral

El informe final de la intervención a la Municipalidad de Asunción, bajo la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, dejó en evidencia un patrón preocupante: las reposiciones de fondos de caja chica aumentaron notablemente en años electorales, específicamente en 2022 y 2023. Estos movimientos financieros se realizaron con recursos provenientes de bonos destinados originalmente a obras públicas.

La investigación, presentada por el interventor Carlos Pereira al Ministerio del Interior en agosto pasado, detalla más de 20.000 páginas foliadas. Allí se documenta que el exintendente cartista no solo desvió alrededor de G. 512.000 millones de esos bonos, sino que también utilizó el dinero para cubrir gastos corrientes, pagos de salarios a miles de funcionarios sin control y asignaciones irregulares de caja chica.

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Uno de los puntos destacados es el incremento autorizado por Rodríguez en 2022, cuando elevó los montos de las cajas chicas hasta 15 salarios mínimos mensuales, a pesar de que el decreto vigente fijaba un tope de 8. De esa manera, directores municipales llegaron a recibir hasta G. 35 millones mensuales como fondo fijo, cifra que se mantuvo incluso en 2025.

El análisis de los movimientos bancarios muestra que las reposiciones de caja chica se dispararon en fechas cercanas a procesos electorales. Antes de las internas del Partido Colorado, celebradas el 18 de diciembre de 2022, se registraron transferencias por millones de guaraníes a directores vinculados a seccionales.

Algo similar ocurrió entre febrero y abril de 2023, camino a las elecciones generales del 30 de abril, cuando Santiago Peña fue electo presidente y Lizarella Valiente, esposa de Rodríguez, obtuvo una banca en el Senado.

Entre los beneficiados figura Julio “Bollo” González, secretario privado de Rodríguez, quien recibió G. 26 millones dos días antes de las internas. En esa misma fecha, también fueron favorecidos Luis Amarilla, director de Desarrollo Urbano y presidente de la seccional 19, con G. 25 millones, y César Velilla Cabriza, entonces director del Cemupe y actual funcionario de Yacyretá, con G. 27 millones.

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Los documentos también apuntan a empresas vinculadas a allegados de Velilla, como Marilia Industrial SRL y Corporación Agartha SA, que habrían recibido contratos con fondos de los bonos municipales. El uso de esos recursos llegó a cubrir incluso gastos menores, como compras de alimentos, lo que refuerza las sospechas de un manejo discrecional y ajeno al destino legal de los fondos.

La renuncia de Rodríguez, presentada el 22 de agosto último, se dio en medio de la presión por su inminente destitución y pocos días antes de que el informe fuera entregado oficialmente. Ahora, las conclusiones del interventor abren interrogantes sobre las responsabilidades políticas y judiciales que podrían derivarse de un esquema de desvío sostenido durante su administración.

Fuente: ABC Color