Chaqueñito y Yamy Nal bajo la lupa fiscal

El senador suspendido Javier Vera, conocido como Chaqueñito, y la ex senadora Norma Aquino, identificada como Yamy Nal, enfrentan un proceso de investigación fiscal tras la filtración de audios que revelan presuntos negociados en el Congreso. El fiscal anticorrupción Luis Piñánez explicó que los hechos punibles en análisis incluyen tráfico de influencias, soborno, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito.

El representante del Ministerio Público aclaró que la investigación se abrió de oficio luego de que los audios llegaran a la Fiscalía General. La apertura se hizo bajo la figura de notitia criminis, lo que obligó a comunicar formalmente el inicio del proceso en un plazo de seis horas. A partir de esa resolución, el caso quedó instalado como causa penal.

Piñánez sostuvo que actualmente se analizan tres audios que forman parte del expediente. No precisó si fueron grabados en reuniones abiertas o por vía telefónica, pero subrayó que el contenido de esas conversaciones podría configurar hechos punibles contra la administración pública. La gravedad de lo mencionado llevó al Congreso a suspender a Vera por 60 días y a la pérdida de investidura de Aquino.

Los tipos penales señalados tienen expectativas de pena que oscilan entre tres y diez años de prisión. El cohecho pasivo, en su modalidad básica, contempla hasta tres años, y en su forma agravada hasta cinco. El soborno se ubica en el mismo rango. El tráfico de influencias puede llegar a cinco años de pena, mientras que el enriquecimiento ilícito alcanza los diez años.

El fiscal indicó que incluso otros funcionarios públicos podrían ser alcanzados por la investigación si se determina colaboración o participación en los hechos. Remarcó que la investigación está en etapa inicial, por lo que el marco de imputaciones podría ampliarse o modificarse conforme avancen las diligencias y se obtengan nuevas pruebas.

Piñánez explicó que la figura del enriquecimiento ilícito se aplica cuando existe un incremento patrimonial injustificado de un funcionario público. En tanto, el tráfico de influencias se configura al usar poder real o simulado para influir en decisiones estatales en beneficio propio. Estas prácticas, dijo, vulneran la legalidad y comprometen la institucionalidad democrática.

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El caso ha generado un fuerte impacto político, ya que involucra a referentes del cartismo. La investigación fiscal pretende determinar si los audios constituyen prueba suficiente para avanzar en la imputación y posterior acusación. El proceso busca además sentar un precedente sobre la responsabilidad penal de legisladores en el manejo de funciones públicas.

Finalmente, el fiscal reiteró que la sanción para estos hechos punibles está claramente tipificada en el Código Penal. Aclaró que el objetivo de la investigación es establecer si el contenido de los audios constituye evidencia válida para iniciar un proceso judicial. De confirmarse, Chaqueñito y Yamy Nal se exponen a condenas que van desde tres hasta diez años de cárcel.

Fuente: Última Hora