Defensoría pide aumento salarial para equiparar con fiscales

Durante la defensa del proyecto presupuestario 2026, el defensor general Javier Esquivel solicitó un aumento salarial para los defensores públicos, con el objetivo de reducir la asimetría existente con los agentes fiscales. Explicó que desde el año 2011 no se registra ningún incremento en los haberes del sector.

El titular de la Defensoría señaló que la institución cuenta actualmente con un presupuesto de G. 295 mil millones, asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas. La mayor parte de los recursos está destinada a servicios personales, por lo que la posibilidad de reajustes depende de una ampliación presupuestaria.

Esquivel informó que se presentó una adenda de G. 22 mil millones, destinada a cubrir la equiparación salarial, alquileres, servicios básicos y otros gastos de funcionamiento. Indicó que la meta es que los 370 defensores públicos perciban alrededor de G. 17 millones mensuales.

Leé también: Masivo aplazo en examen para defensores públicos alarma al país

El defensor resaltó que la Ley establece la necesidad de mantener una correspondencia salarial con el Ministerio Público, pero dicha disposición no se ha cumplido desde la promulgación de la carta orgánica en 2011. Afirmó que el reclamo busca estrechar la brecha sin generar un impacto excesivo en las finanzas públicas.

Actualmente, el sistema cuenta con 473 defensores, de los cuales más de 40 cubren simultáneamente varios casos. Esquivel explicó que la carga laboral es alta y que las limitaciones salariales dificultan la retención de profesionales con experiencia en el ámbito penal y civil.

Unite a nuestro canal de Whatsapp

En lo que va del año, la Defensoría Pública ha atendido más de 176.000 casos y realizado más de 6.000 juicios orales, con un promedio de 500 audiencias por defensor. La proyección institucional es llegar a 225.000 personas asistidas para finales del 2025.

Esquivel reconoció que la solicitud se formula en un contexto de contención del gasto público y de reducción del déficit fiscal. Sin embargo, afirmó que el planteamiento tiene como propósito garantizar la calidad del servicio y el equilibrio entre las instituciones del sistema judicial. La propuesta ahora queda en manos del Congreso, que deberá analizar su viabilidad dentro del PGN 2026.

Fuente: ABC Color