Padres de Thirza rechazan reparación y exigen juicio por su muerte

Los padres de Thirza Belén Portillo Franco, la niña de nueve años que murió durante una intervención odontológica en 2021, rechazaron la oferta de G. 300 millones presentada por la defensa de los acusados. El monto fue propuesto como reparación del daño para evitar el juicio por homicidio culposo, pero la familia se negó a aceptar cualquier acuerdo económico.

La propuesta, presentada por el abogado Gerardo Ortiz, contemplaba G. 150 millones de parte de la odontóloga Sandra Marcela Obertino Leguizamón y otros G. 150 millones del anestesista Adrián Cayetano García. La fiscala Mirtha Ávalos también se opuso al incidente, respaldando la decisión de los padres de la menor, Paola Franco y Narciso Portillo.

Ambos profesionales, junto con el endodoncista Vicente Damián Cabrera Godoy, enfrentan juicio oral y público por los mismos hechos. La audiencia fue fijada para el próximo lunes 20 de octubre a las 11:00, momento en que el Tribunal retomará el análisis de las pruebas presentadas.

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El caso se remonta al 12 de noviembre de 2021, cuando Thirza acudió con sus padres a la clínica Mommy Dent, ubicada en Loma Pytã, Asunción. Durante el procedimiento odontológico, la niña sufrió una sobredosis de anestesia que le provocó un paro cardiorrespiratorio. La autopsia confirmó la causa de muerte y una junta médica determinó que existieron errores graves en la atención.

La junta, conformada por los doctores Carlos Garrigoza, Liliana Bogarín y Claudio Duarte, concluyó que el fallecimiento fue consecuencia de omisiones y malas prácticas profesionales. El documento describe una sucesión de decisiones erróneas, falta de ética y un manejo inadecuado de la anestesia.

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La causa, que ya tuvo la intervención de seis fiscales, está actualmente a cargo de la fiscala Mirtha Ávalos, quien defiende la acusación junto a los abogados querellantes Vilma Riveros, Elios Cuéllar y Víctor Poletti. Según el Ministerio Público, la muerte de la niña fue resultado directo de la acción de terceros.

El proceso judicial, que lleva más de tres años en trámite, continúa siendo seguido de cerca por la sociedad y por colectivos que reclaman justicia para Thirza. La familia mantiene su postura firme: rechaza cualquier compensación económica y exige una sentencia que establezca responsabilidades penales.

Fuente: ABC Color