TSJE elimina requisitos de seguridad en el alquiler de máquinas de votación

El TSJE cambió seguridad por vulnerabilidad. Tras anular una compra con altos estándares, el TSJE optó por un arriendo con exigencias mínimas, un giro que, según especialistas, abre un escenario de mayor vulnerabilidad para el sistema.

El proceso original no solo buscaba comprar 28.000 máquinas, sino blindar el voto. Exigía máximos estándares de ciberseguridad y prohibía expresamente que las papeletas pudieran almacenar información o ser reutilizadas.

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El veto político: La presión inició con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) liderada por Agustín Encina, que suspendió el proceso.

El golpe final llegó cuando la Cámara de Senadores (con mayoría cartista) resolvió pedir la anulación total de la compra en pleno cuestionamiento técnico.

El Senado solicitó la anulación justo después de que la Justicia Electoral descalificara al consorcio argentino Comitia MSA y a la firma coreana Miru Systems por no alcanzar los estándares requeridos. Ambas empresas mantienen vínculos con el Gobierno y están representadas por el estudio jurídico Gross Brown.

El TSJE acató el pedido de la Cámara Alta y anuló la licitación de compra. Luego convocó a un nuevo proceso, esta vez para el arriendo de 18.000 máquinas de votación por USD 35 millones.

En este esquema, Comitia MSA se presentó como único oferente. El Senado confirmó el financiamiento para este contrato y además aprobó G. 10.000 millones adicionales para nuevos acuerdos vinculados.

Alerta roja técnica: El nuevo pliego de arriendo no solo es más barato, sino que anula controles críticos. Permite el uso de componentes reprogramables (como etiquetas RFID) y elimina requisitos clave de auditorías internacionales.

Además, plantean que la reducción de controles puede afectar la integridad del sistema electoral y la confianza ciudadana. La traza del voto se vuelve menos verificable y el secreto del sufragio queda más expuesto, advierten. En ese contexto, sostienen que la eliminación de filtros técnicos deja “la cancha libre” para posibles fraudes o manipulaciones, sin herramientas sólidas de verificación independiente.

Versión del TSJE:

El verdadero conflicto está en el estudio jurídico Gross Brown, que representa a Comitia MSA. Los lazos de este bufete se extienden al poder político y financiero: Eduardo Gross Brown Costa es director de ueno bank, y Franco Boccia (también de Gross Brown) es presidente de ueno Seguros.

Este cruce de roles entre la Justicia Electoral, el sistema financiero y el Congreso es el que alimenta el debate sobre la independencia del TSJE.

Fuente: ABC Color