Jimena Colmán denunció y no recibió protección efectiva

El asesinato de la joven amazona Jimena Colmán, de 23 años, estuvo precedido por denuncias formales, amenazas reiteradas y una orden judicial de protección que no fue controlada. El caso es investigado como un presunto feminicidio y homicidio, tras la muerte de Jimena y de su pareja actual, Celso López, de 29 años, en un hecho ocurrido días después de dictarse una orden de alejamiento.

Según confirmó el fiscal de la causa, Christian Benítez, Jimena Colmán denunció a su expareja, Víctor Manuel Cabrera Valiente, el 9 de diciembre. En su presentación, la joven solicitó una orden de alejamiento y advirtió sobre situaciones previas de amenazas. Un día después, el 10 de diciembre, un Juzgado de Paz concedió la medida de protección solicitada.

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Sin embargo, la disposición judicial no fue cumplida ni supervisada. De acuerdo con los antecedentes incorporados por el Ministerio Público, el 14 de diciembre, apenas un día antes del doble crimen, Cabrera Valiente habría ingresado sin autorización a la vivienda de la víctima. En ese episodio, amenazó a la pareja y forzó la puerta de acceso, lo que evidenció una situación de riesgo inmediato.

Además, pese a la gravedad del incumplimiento de la orden judicial y a la escalada de violencia registrada, no se activaron mecanismos efectivos para resguardar a la joven. La Fiscalía sostiene que existían elementos suficientes para advertir un peligro concreto contra la integridad de Jimena Colmán. Sin embargo, las medidas de protección no se tradujeron en controles ni en acciones preventivas.

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Al día siguiente, Jimena Colmán y Celso López fueron asesinados dentro de la vivienda. Para el Ministerio Público, el hecho presenta características de premeditación. La investigación continúa bajo esa calificación, mientras se analizan los antecedentes y las actuaciones previas al crimen para determinar eventuales responsabilidades.

Por otra parte, el principal sospechoso, Víctor Manuel Cabrera Valiente, permanece prófugo. El fiscal Benítez señaló que se manejan datos sobre posibles zonas donde podría ocultarse, aunque evitó brindar precisiones para no afectar los operativos policiales. El caso vuelve a exponer las debilidades del sistema de protección a víctimas de violencia, en especial cuando las órdenes judiciales no son controladas ni acompañadas de medidas efectivas.

Fuente: ABC Color