Presidencia firmó contrato VIP violando decreto de Peña

El Gabinete Civil de la Presidencia de la República firmó un contrato de seguros médicos privados por hasta G. 5.400 millones con la empresa Reyva SA. La adjudicación se concretó el 13 de marzo. Según documentos oficiales, la firma se realizó antes de que venza el plazo legal para protestas.

La propia institución admitió la irregularidad. A través de una declaración presentada ante Contrataciones Públicas, se reconoció que “no se ajustó a lo establecido en el artículo 105”. Este punto forma parte del Decreto N.º 2264/2024, firmado por el presidente Santiago Peña.

El contrato, identificado como N.º 03/2026, se firmó bajo la modalidad “Ad Referéndum – Plurianual”. El acuerdo establece un pago mínimo de G. 2.700 millones y un máximo de G. 5.400 millones por 18 meses. La empresa adjudicada fue la única oferente del proceso.

¿Por qué se cuestiona la firma del contrato?

El decreto vigente establece que un contrato público debe formalizarse una vez cumplido el plazo para presentar protestas. Sin embargo, la firma se concretó el mismo día en que se declaró la adjudicación. La Presidencia justificó el procedimiento por la necesidad de contar con el servicio “en la brevedad posible”.

El documento fue rubricado por el director general de Administración y Finanzas, César Daniel Ibarrola Cano. Además, la cobertura incluye atención sanatorial integral para funcionarios, con un costo mensual de un millón de guaraníes por beneficiario.

Contraste con el discurso económico del Gobierno

La adjudicación se produce en un contexto de restricciones financieras anunciadas por el Ejecutivo. El 16 de marzo, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, anunció un plan de “economía de guerra”. En ese marco, señaló que “el Tesoro Nacional está mal”.

El monto comprometido para el seguro contrasta con ese escenario. Además, el propio funcionario que firmó el contrato figura en registros oficiales con incrementos salariales. Según datos del Ministerio de Economía, su ingreso mensual pasó de G. 24.851.200 en 2024 a G. 32.617.069 en 2026.

Por lo tanto, el proceso genera cuestionamientos sobre el cumplimiento de normas administrativas. También plantea interrogantes sobre el uso de recursos públicos en medio de restricciones fiscales. La documentación oficial confirma que la firma se realizó antes del plazo establecido.

Fuente: ABC Color