Buzarquis busca cerrar municipalidades con exceso de gastos

El senador liberal Salyn Buzarquis anunció la presentación de un proyecto de ley denominado “tarjeta roja”. Esta iniciativa legislativa busca la clausura automática de las municipalidades que no cumplan con estándares mínimos de gestión. La propuesta surge ante los constantes cuestionamientos por la ineficiencia y la falta de transparencia en diversas comunas del país. El legislador argumenta que es necesario proteger a la ciudadanía de administraciones que generan perjuicios económicos.

La normativa compara el cierre de una institución municipal con la clausura de edificios en riesgo de derrumbe. Según el proyectista, se debe actuar con firmeza frente a infraestructuras administrativas peligrosas para el erario público. El texto plantea criterios objetivos para activar el cese de funciones de las autoridades locales. De esta manera, se busca establecer un límite claro al manejo discrecional de los recursos estatales.

Un punto central del proyecto establece un tope máximo para el financiamiento de la estructura estatal. Si una municipalidad destina más del 50% de su presupuesto a gastos burocráticos, se activaría la clausura institucional inmediata. Bajo este concepto se agrupan los pagos de salarios, alquileres y otros gastos de funcionamiento administrativo. El senador enfatizó que actualmente muchas comunas priorizan mantener estructuras políticas antes que invertir en beneficios reales.

Impacto en la inversión y obras públicas

El legislador cuestionó la distribución actual del dinero público en los distritos. “Se gasta más del 50% en mantener estructuras y no sobra dinero para obras”, afirmó Buzarquis sobre la realidad de muchas zonas. Por lo tanto, esta situación deriva directamente en el deterioro visible de la infraestructura urbana en todo el territorio nacional. Además, el proyectista vinculó el exceso de gastos corrientes con el abandono de las necesidades populares.

• Calles destruidas y puentes caídos.

• Plazas en estado de total abandono.

• Deficiencia en la recolección de residuos.

• Desorden en el tránsito vehicular.

La propuesta también contempla mecanismos de control mucho más rigurosos para los administradores de turno. Las comunas tendrán la obligación de rendir cuentas de forma periódica, al menos una vez al mes. En caso de detectarse incumplimientos en los informes, la institución podría ser intervenida o clausurada directamente. Además, se incluyen criterios específicos sobre la calidad de los servicios básicos que recibe el contribuyente paraguayo.

Críticas al sistema de gestión actual

Buzarquis denunció que numerosos municipios operan hoy con estructuras sobredimensionadas y prácticas clientelares muy marcadas. Sostuvo que los fondos provenientes de royalties y transferencias estatales no llegan a la gente. Por el contrario, estos recursos terminan concentrados en sectores políticos para sostener lealtades partidarias. Por esta razón, calificó su iniciativa como una “ley antipolítica y contra la corrupción” necesaria para el país.

El proyecto busca obligar a los intendentes a priorizar la inversión en obras y servicios públicos esenciales. Sin embargo, la intención de reducir el gasto innecesario abre un fuerte debate sobre la autonomía municipal establecida. El escenario político actual, marcado por la proximidad de las elecciones, coloca la eficiencia administrativa en el centro del debate. Las autoridades locales deberán justificar ahora cada guaraní invertido ante la mirada de los órganos de control.

Finalmente, la normativa pretende transparentar el uso de los impuestos pagados por los ciudadanos en cada distrito. La falta de resultados en la conservación de espacios públicos será motivo suficiente para aplicar sanciones severas. Los mecanismos de control propuestos buscan terminar con la impunidad en el manejo financiero de los departamentos. Esta “tarjeta roja” representa un intento por sanear la administración pública desde sus bases territoriales más cercanas.

Fuente: El Nacional