Los periodistas advirtieron que la falta de avances legislativos mantiene en riesgo a quienes ejercen la profesión. Insisten en que la aprobación de la ley permitiría crear mecanismos de protección, alertas tempranas y acciones coordinadas para evitar nuevos ataques y garantizar el derecho a la libertad de prensa en el país.
Ataques a periodistas reavivan pedido de ley de protección
Los ataques contra Carlos Benítez y Fabián Costa reavivan el reclamo del gremio periodístico para aprobar una ley de protección en Paraguay.
Dos ataques contra comunicadores en Lambaré encendieron las alarmas en el sector periodístico y renovaron el reclamo por una ley de protección para trabajadores de prensa. El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) advirtió que el gremio continúa expuesto y que urge una respuesta estatal.
El periodista Carlos Benítez, del diario El Observador y Radio Ñanduti, fue atacado el jueves por la noche cuando desconocidos dispararon con armas de fuego contra su vivienda. El comunicador resultó ileso, pero el hecho generó alarma y el repudio de organizaciones de prensa y defensores de derechos humanos.
A través de un comunicado, el SPP expresó solidaridad con Benítez y exigió acciones inmediatas de las autoridades competentes para garantizar su seguridad. La organización recordó que apenas un día antes se había registrado un atentado contra el comunicador Fabián Costa, también en Lambaré, lo que evidencia un patrón de ataques recientes.
El sindicato señaló que estos hechos reafirman la necesidad de aprobar una Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, pendiente desde abril de 2023 en la Cámara de Senadores. La iniciativa plantea una política pública para prevenir y sancionar la violencia contra trabajadores de prensa.
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El gremio recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó en diciembre de 2022 que Paraguay adopte medidas legales y administrativas para salvaguardar la labor de periodistas y defensores de derechos humanos. Esta obligación surge de la sentencia por el asesinato del periodista Santiago Leguizamón en 1991, en Pedro Juan Caballero.
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