SPP rechaza proyecto de ley de protección a periodistas por falta de garantías

El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y expertos expresaron su rechazo al proyecto de ley de protección a periodistas. El gremio cuestionó el texto tratado en el Congreso por no cumplir con las garantías básicas de seguridad. Advierten que la normativa ignora la jurisprudencia internacional y carece de mecanismos preventivos reales para proteger el ejercicio de la prensa.

Esta postura surge tras la decisión del Senado de postergar el tratamiento de la iniciativa impulsada por la bancada oficialista. El documento se denomina oficialmente “De Prevención, Protección y Asistencia a Periodistas y Trabajadores de Prensa Víctimas de Violencia”. Sin embargo, el sector legislativo del cartismo excluyó del marco protector a los defensores de derechos humanos, generando críticas estructurales.

La exclusión de los activistas debilita el amparo jurídico en Paraguay, según denuncian especialistas en derechos fundamentales. La tendencia regional sugiere unificar ambos sectores debido a los riesgos compartidos que enfrentan en su labor diaria. Al separar estas figuras, el proyecto actual se aleja de los modelos que han demostrado ser efectivos en Latinoamérica.

¿Por qué el SPP considera peligroso este proyecto?

Santiago Ortiz, representante del gremio, señaló que el texto concentra la potestad de otorgar medidas de seguridad en el Ministerio del Interior. Para el sindicato, esta centralización resta autonomía al proceso y pone en riesgo a los investigadores. “Ese proyecto de ley que, entre comillas, de prevención y protección a periodistas, creemos que no cumple con los estándares mínimos”, afirmó Ortiz.

La preocupación gremial se intensifica cuando se analizan las investigaciones periodísticas que afectan directamente a instituciones estatales o fuerzas policiales. El representante del SPP planteó un escenario crítico sobre la imparcialidad del sistema propuesto por el Legislativo. “¿Qué va a pasar si es que alguien está investigando a la policía o al propio Ministerio del Interior?”, cuestionó el dirigente.

En esos casos, la autoridad bajo escrutinio sería la misma encargada de dictaminar si un comunicador merece protección estatal. Esta estructura administrativa podría generar conflictos de intereses que terminen silenciando denuncias de corrupción o abusos de poder. Por ello, los trabajadores solicitan una mesa técnica para avanzar en un mecanismo que sea realmente independiente y efectivo.

Cuestionamientos técnicos a la propuesta del oficialismo

Dante Leguizamón explicó que la jurisprudencia internacional indica que no se debe separar la protección de periodistas y defensores. “¿Por qué duplicar una protección o por qué complejizar una protección en vez de fortalecerse entre ellas?”, resaltó el especialista. Además, el proyecto presentado cuenta con apenas 12 artículos, lo cual evidencia una preocupante falta de profundidad técnica.

Según Leguizamón, el texto oficialista carece de especificaciones sobre medidas de protección individual, colectiva o complementaria para los trabajadores. El gremio trabajó durante cinco años en una propuesta robusta que ahora se ve desplazada por esta versión simplificada. Para los expertos, el proyecto actual “no tiene ni la mitad de las fortalezas” que el plan original del sindicato.

Finalmente, el SPP considera que aprobar esta ley antes del 26 de abril sería una falta de respeto histórica. En esa fecha se conmemora el aniversario 35 del asesinato del periodista Santiago Leguizamón en Pedro Juan Caballero. Santiago Ortiz subrayó que la aprobación del texto, lejos de ser un avance, “no va a ser un reconocimiento, sino todo lo contrario”.

Fuente: ABC Color